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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció el envío a la Legislatura provincial de un proyecto de ley para crear el Programa “Alivio Cordobés”, una iniciativa destinada a refinanciar las deudas de unos 250.000 cordobeses que atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El programa apunta a ciudadanos con entre 30 y 180 días de mora —clasificados en situación 2 y 3 por el Banco Córdoba— y contempla tres pilares: reducción de tasas de interés a través del Banco de Córdoba y la banca privada que adhiera, unificación de pasivos dispersos en una cuota única con plazos de hasta 48 meses, y una exención impositiva provincial que reduzca a cero la alícuota de Ingresos Brutos para las operaciones encuadradas en el esquema. La deuda acumulada que busca abordar el programa asciende a $635.000 millones, según confirmó el jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo.
Los números que motivan la iniciativa son contundentes. Un informe del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que siete de cada diez personas en la provincia agotaron sus ingresos antes del día 20 del mes y que el 70% tomó al menos un préstamo durante los últimos dos años. De ese universo, la mitad utilizó el crédito para comprar alimentos. El relevamiento del Instituto de Investigaciones del Centro de Almaceneros de Córdoba completa el cuadro: el 92,3% de las familias argentinas mantiene algún tipo de deuda activa y la morosidad sobre ese universo llegó al 88,9% en agosto. “El cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más”, resumió Llaryora al presentar la iniciativa.
El esquema de la refinanciación se basa en lo que el gobernador denominó “esfuerzo compartido”. El Estado provincial resigna recaudación vía exención impositiva; las entidades financieras adheridas deberán ofrecer tasas de hasta el 35%, prácticamente la mitad de las que operan actualmente en el mercado, resignando así parte de su rentabilidad; y las familias asumen el compromiso de cancelar sus deudas mediante cuotas previsibles. El proyecto excluye deudas originadas en juegos de azar y establece un tope de ingresos para definir los beneficiarios. Desde el gobierno provincial aclararon que no se trata de un plan de transferencias directas: “No hay una inversión económica del Estado, sino un programa de reducción impositiva específico para esta cuestión”, señaló el ministro de Comunicación, Daniel Pastore.
La diferenciación política con la Casa Rosada
La iniciativa tiene una lectura política que Llaryora no oculta. El gobernador viene profundizando un juego de contrastes con La Libertad Avanza que combina acompañamiento en lo que considera conveniente para Córdoba con marcas de identidad propias en terrenos donde el gobierno de Javier Milei tiene otra posición. El endeudamiento de los hogares es justamente uno de esos terrenos: la Casa Rosada reduce el crecimiento de la morosidad a una relación entre privados y descarta, por ahora, intervenir para atender el problema estructural de los hogares endeudados. En una reunión reciente con miembros del Congreso, Milei acusó a la oposición de convertir situaciones concretas de la economía en conflictos políticos y pidió no transformar la morosidad en “un problema macroeconómico”. Llaryora encontró ahí un espacio para colocar al Estado provincial como actor activo frente a una angustia que, según los datos, ya alcanza a la mayoría de las familias cordobesas.
La apuesta también tiene un objetivo económico de corto plazo que el propio gobernador explicitó: cada peso que una familia se ahorre en intereses es un peso que vuelve al circuito del consumo local. “Si este proyecto le permitiera regularizar su situación a una parte importante de estas cuentas, volverían a tener acceso al crédito y con ello alimentar el consumo”, agregó el ministro Pastore. El horizonte electoral de 2027 pesa inevitablemente sobre esta decisión: Llaryora construye su imagen de gestión diferenciada en un contexto donde los indicadores de bienestar siguen bajo presión y el humor social en la provincia muestra señales de hartazgo con el ajuste nacional.
Un punto que el propio gobierno reconoce como sensible es el de los ciudadanos que cumplieron con sus deudas en tiempo y forma. La pregunta de si el plan premia al moroso frente al cumplidor está instalada en el debate. Desde el ejecutivo provincial anticiparon que en los próximos días habrá anuncios adicionales con algún tipo de reconocimiento o compensación para quienes mantuvieron sus compromisos financieros al día. El proyecto, que toma como referencia experiencias similares implementadas en la Ciudad de Buenos Aires y en Neuquén, deberá ahora pasar por la Legislatura, donde Llaryora espera que sea debatido y enriquecido por todos los bloques.