Son días de tensión en Santa Fe. El gobierno de Omar Perotti quiere sí o sí que la Legislatura le vote la ley de Necesidad Pública, como esta vez le llaman a la emergencia en materia social, de salud y seguridad, que los legisladores no aprobaron en diciembre pasado.
El viernes 7 de febrero, el mandatario envió su nueva propuesta a la Legislatura, a la que le hizo algunos retoques, y aguarda con ansiedad que la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría, empiece a tratarla cuanto antes.
El funcionario que puso negro sobre blanco la situación es el ministro de Gestión Pública, Rubén Michig, quien previno que de no aprobarse la ley, una «agonía financiera hará imposible cumplir compromisos con contratistas y proveedores» en la provincia, que tiene, según el oficialismo, un abultado déficit.
Michlig dijo que con la ley se podrá “mejorar la situación de la provincia y de los municipios y comunas” y contó que a la oposición se le dejó en claro que «existe una necesidad urgente de mejorar la situación de la provincia y de los municipios y comunas”.
El ministro advirtió que en Santa Fe tienen programado «avanzar con un programa de mejoramiento alimentario provincial que implica un adicional a la tarjeta Alimentaria de la Nación” y que «significaría destinar alrededor de $200 millones mensuales a la atención del hambre, complementaria a los $500 millones que destina el gobierno nacional”.
“Además -justificó-, necesitamos de esta ley para avanzar en los programas de mejoramiento de la salud donde actualmente existe un presupuesto prácticamente idéntico al del año pasado y, en este sentido, tenemos previsto mejorar la prestación del servicio de emergencias a través de la incorporación de ambulancias y completar el equipamiento de los hospitales que han sido inaugurados en el último año».
En ese camino, Michig urgió la sanción del paquete gubernamental anti-crisis y argumentó que si no, «no se podrá dar cumplimiento al congelamiento de las tarifas» hasta mediados de año y tampoco «se podría instrumentar el boleto educativo gratuito ni mejorar el equipamiento de la Policía».
“Con los fondos con los que hoy cuenta la provincia o atiende la obra pública en curso o atiende la deuda, no hay ninguna posibilidad de que se atiendan las dos cosas. Y si no se atienden ambas, es imposible que las obras tengan continuidad porque se desfinancia el sector», apuntó el ministro de Perotti.