Por un millón de razones, en Chaco habrá más soja y menos bosques nativos

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En la madrugada del martes, mientras el país miraba hacia la cámara de Diputados durante el tratamiento de la Ley Bases, se aprobó en la legislatura chaqueña un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos que habilita al desmonte de un millón de hectáreas.

“Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté (especie autóctona al borde de la extinción)”, indicó a TN Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Greenpeace advirtió que el proyecto de ley 423/2024 que actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco se realizó sin participación indígena y permitirá el desmonte legal de más de un millón de hectáreas.

Organizaciones ambientales y abogados denunciaron que la aprobación de este nuevo ordenamiento es un retroceso en el cuidado del ambiente que va en contra del Acuerdo de Escazú y de compromisos internacionales de los que la Argentina es firmante. Se supone que el país debe cada vez más generar áreas protegidas y no menos. Greenpeace ya adelantó que denunciará la situación a la Justicia.

“Esta actualización responde a intereses extractivistas. No se puede llegar a un desarrollo del país así porque la naturaleza es limitada. Si nos basamos en extraer no va a funcionar, vamos a tener cada vez más inundaciones, sequías, los suelos se van a desertificar, las aguas se pueden salinizar, los productores van a ser más pobres, perdemos especies nativas. Es muy grave. No podemos pensar que pueda haber así a un verdadero desarrollo, esto beneficia solo a un sector”, explicó Micaela Caminos, doctora en ciencias biológicas y directora del proyecto de conservación Quimilero, destinado a proteger el pecarí del Impenetrable chaqueño.

La principal causa del desmonte en Chaco es el avance agropecuario. Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%.

Caminos destaca, además, que no estuvieron representados en esta decisión las familias criollas campesinas e indígenas que viven del bosque que producen para autosustentarse. “Esa gente va a ser expulsada de su campo y de su casa o le van a desmontar por completo el campo de al lado. Estas comunidades pueden producir en un área amarilla pero en un área verde sus tierras entran en un mercado con otro precio. Porque el precio de las tierras que se pueden desmontar es muy alto. Si la persona no tiene bien los papeles o la información de cómo manejarse queda muy vulnerable”.

“Estas decisiones que tomaron nuestros diputados, legisladores, atropella nuestra vida. La naturaleza, el monte nos dan de comer, nos sustentan día a día. Esto es un genocidio. Y esta vez las consecuencias van a ser gravísimas. No solo para las comunidades sino también para la sociedad. El cambio climático que estamos sufriendo a causa de grandes desmontes, inundaciones, la tierra seca, los animales no tienen qué comer… y así muchas consecuencias”, detalló a TN Karina Alonso, activista qom de la localidad chaqueña Pampa del Indio.

En octubre de 2020, la justicia provincial de Chaco suspendió los desmontes ante la falta de actualización del ordenamiento territorial de bosques. El último se había hecho en 2009 y eso motorizó que se apruebe uno nuevo este martes por la madrugada. Sin embargo, entre 2020 y el año pasado se desmontaron más de 115 mil hectáreas de las cuales 57.343 fueron solo durante el 2023. Es decir, ilegales.

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