Por presunta corrupción, denuncian al Gobierno por la concesión del Puente Rosario-Victoria

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La demanda fue realizada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial a partir de la prórroga del concesionario Caminos del Río Uruguay sin pliego licitatorio mediante.

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) realizó una denuncia penal contra el Gobierno nacional bajo sospecha de corrupción en la prórroga de un contrato del Concesionario del Puente Rosario – Victoria, y de corredor vial Nº 18, que gestiona las rutas nacionales 12 y 14 y Zárate Brazo Largo.

La denuncia penal presentada por Jorge Zatloukal, integrante del Conaduv, ante el Juzgado Federal Nº11 de los Tribunales de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, apunta contra dos áreas dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, Vialidad Nacional y Corredores Viales S. A.

La presentación legal expresa presuntas irregularidades en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la empresa Corredores Viales S. A. en torno a la prórroga del contrato de concesión por los peajes del corredor mencionado, que caducó en 2002, según el pliego original.

Cobro de peajes y pérdidas millonarias


“Nos encontramos frente a una prórroga y el contrato vencido desde hace tiempo, que extendieron a sola firma y sin mayores fundamentos. A simple viste implica una pérdida millonaria para el Estado, por eso pedimos a la Justicia que investigue”
, precisó el denunciante en declaraciones a La Capital respecto a la maniobra que motivó a la denuncia penal ante Ercolini.

En la presentación se plantea un perjuicio millonario para el Estado, en la medida que será la empresa Caminos del Río Uruguay S. A. la que continuará cobrando peaje en las estratégicas Rutas Nacionales 12 y 14, y en la conexión física Rosario – Victoria, claves para el intercambio comercial con el Mercosur, puesto que forma parte de este corredor Nº18.

“Estamos hablando de muchísimo dinero porque el monto que involucra al contrato es muy grande, por generó cierta suspicacia, ya que no hubo llamado licitación previo como corresponde en estos asuntos”, agregó. Y evaluó que “llama poderosamente la atención que el Estado se pierda la oportunidad de recaudar dinero cuando afirma una y otra vez que «no hay plata»”.
Jorge Zatloukal


Zatloukal precisa en la denuncia que “la prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, del pasado 8 de abril firmada un día antes que venciera el contrato”, cuestionando asimismo que como único argumento se esbozó que no existen operadores y que se llegó a esa conclusión sin haber llamado antes a una licitación pública.

El denunciante también sostiene que Corredores Viales S. A. “injustificadamente no se hizp cargo de la continuidad de la concesión y del cobro de peaje” y de las concesiones que se le confieran, ya que “es una de las obligaciones irrenunciables que emergen del estatuto de la empresa, creada en 2017 por decreto 794”.


Zatloukal afirmó: “Nos encontraríamos frente a una maniobra tendiente a beneficiar a la empresa concesionaria, con una sospecha demora en licitar, este accionar es contrario a la transparencia que debe regir las contrataciones públicas y la continuidad del monopolio, contradice el discurso oficial de libre mercado ya que también existiría una violación a la ley de Defensa de la competencia, ya que con la prórroga se restringió la libre concurrencia” sumó.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho” el presidente de la Conaduv, Ricardo Lasca, cuestionó la adjudicación, sin proceso licitatorio mediante, de la concesión de Caminos del Río Uruguay a la traza vial que una Rosario con Victoria.

“Es realmente insólito porque le dieron al concesión a esta empresa alegremente porque afirman que tiene experiencia en Zárate Brazo Lago; en realidad tiene experiencia en cobrar peaje porque cuando hubo problemas en esa conexión tuvo que ir la DNV a solucionar inconvenientes porque el concesionario no se hizo cargo”, denunció.

“Es una empresa disparatada que sólo se limita a cobrar peaje porque todas las obras de envergadura las hizo el Estado nacional. De modo que es claramente un impuesto a la libre circulación, lo cual es ilegal”, argumentó.

Finalmente puntualizó que estos hechos sumados a otros, clara y terminantemente precisados, en su momento por un organismo altamente calificado como la Auditoría General de la Nación, podrían constituir prima facie, violaciones a diversos artículos del código penal.

“Estamos ante una oportunidad única después de esquilmar los bolsillos de los usuarios durante más de treinta años; se podría implementar un proyecto para hacer las obras necesarias a partir del impuesto a los combustibles, liberar los peajes y reubicar a los empleados que trabajan en las cabinas, ya que no se trata de que queden en la calle”, concluyó Lasca.

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