El ambiente judicial y político de Tucumán se vio sacudido en las últimas horas cuando los caciques del Consejo del Pueblo Diaguita pidieron el juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y también del vocal Daniel Posse, a quienes le endilgan «falta de cumplimiento de los deberes de su cargo» en sus intervenciones en un fallo por tierras en Tafí del Valle, distante 100 kilómetros al oeste de la capital provincial. A esa denuncia se le sumó otra contra el juez del Tribunal de Impugnación, Enrique Pedicone, por presuntos «actos reprochables» en un causa.
Los demandantes de la comunidad aborigen acusan de «ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento» a ambos funcionarios judiciales, en el juicio que Giselle Susana Courtade impulsa contra el Estado, por la «prescricpión adquisitva» de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.
Plantean el juicio en base al argumento de que la Corte resolvió «hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios». Lo curioso es que la sentencia lleva las firmas Sbdar y de Posse, pero también de su par Antonio Estofán, a quien se incluye en el pedido de juicio político.
En tanto, la otra solicitud de jury de enjuiciamiento fue presentada por el abogado Alfredo Falú, contra el camarista Enrique Pedicone, del Tribunal de Impugnación, por su accionar en la causa denominada «Factor SA». Falú pidió lisa y llanamente la «destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo» de Pedicone por «actos reprochables» en la causa «Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos», en la que se investiga al directorio por «reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita».
De acuerdo a la denuncia, Pedicone «pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados». «Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal», expuso Falú. Las denuncias, que conmocionaron el ambiente judicial y político, serán investigadas por la comisión de enjuiciamiento de la Legislatura, que preside el legislador Zacarías Khoder.