«Malversación de fondos, mega enriquecimiento, actos de violencia e impunidad» y 28 causas prescriptas, forman parte de la batería de datos con la que el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, contratacó al pedido del senador kirchnerista Guillermo Snopek, para intervenir el poder judicial provincial.
Morales sabe la que no la tiene fácil y que, para detener la intentona, debe levantar polvareda. Por eso impulsó una campaña mediática -especialmente a través de Facebook y Twitter- para esclarecer el estado de situación judicial de Sala y sus causas, ya que entiende que desde el kirchnerismo se quiere instalar que es una «presa política».
En el Senado, en tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales resolvió ayer recolectar pruebas y llamar a testigos a declarar ante los senadores, antes de expedirse sobre el pedido de Snopek.
La presidenta de la comisión, María de los Angeles Sacnun, declaró que el objetivo «es llevar luz a cada uno de los hechos que se plantean» y, luego de escuchar los fundamentos a favor y en contra de la iniciativa, los senadores votaron por colectar pruebas hasta el 25 de marzo próximo y volver a citar a la comisión para el 31 de marzo, a las 18, con el fin de recibir exposiciones de testigos convocados por el oficialismo y la oposición.
Morales recibió el apoyo de su partido, la UCR, del que es Secretario general, y de la coalición que integra, Juntos por el Cambio,
“El 10M voy a estar en el Congreso junto a los ciudadanos argentinos diciéndole al gobierno del ‘vamos por todo y todos’ que frente a su plan de impunidad van a encontrarnos firmes, defendiendo a la gente”, afirmó la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en las redes sociales, tras suspenderse la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, para concurrir a una manifestación ayer a la tarde frente al Congreso, para rechazar el pedido de Snopek, quien mantiene un enfrentamiento personal y político con el gobernador.
Morales pidió que el debate se realice «con todos los elementos» y avizoró que la única pretensión es liberar a Sala, por lo que publicó en redes sociales «aportes» sobre los delitos que envuelven a la dirigente. En esa dirección divulgó que la organización Túpac Amaru, que lideraba Sala, recibió 5.500 millones de pesos para construir 6.260 viviendas, de las cuales solo se hicieron, de acuerdo a lo referido, 3.635; quedaron a medio construir 568 totalmente pagadas y hubo 2.057 casas pagadas sin construir.
Asimismo, brindó datos de un «enriquecimiento de Milagro Sala y su familia», también a través de un documento donde se detallan los bienes inmuebles y automotores que, según dijo, adquirió «con la plata del pueblo jujeño».