Exigen que Osvaldo Jaldo de marcha atrás con la conformación de un cuerpo de fiscales paralelo

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La mayoría del bloque oficialista consideró que el titular de la acción penal seguirá siendo el fiscal, pero que este a su vez podrá delegar en los auxiliares distintas tareas como una manera de descomprimir el caudal de trabajo que actualmente tienen. Y además sostienen que se trató de un pedido expreso del Ministerio Público Fiscal.

Luego de la votación, aprobada por unanimidad en lo general pero con disidencias en lo particular, un grupo de legisladores envió una nota al gobernador Osvaldo Jaldo pidiéndole que, justamente, vete parcialmente las modificaciones.

Según Silvia Elías de Pérez, José Seleme y Manuel Courel, legisladores provinciales del bloque “Valores para Tucumán – UCR”, “la grandísima diferencia entre los Auxiliares de Fiscales y los Fiscales es que estos últimos son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura luego de haber atravesado y superado con éxito el proceso de selección realizado por el Consejo Asesor de la Magistratura, mientras que los primeros son designados a dedo por el Ministro Fiscal, sin ninguna exigencia de idoneidad”.

“La ley aprobada fue diseñada lisa y llanamente para eludir la manda constitucional y dotar de mayor poder al Ministro Edmundo Jimenez quien designa arbitrariamente a funcionarios equiparables a Fiscales, generando una gravedad institucional inusitada”, agregaron.

Elías de Pérez, Seleme y Courel advirtieron que “esta reforma pone en jaque todo el sistema de designación de magistrados y funcionarios diseñado por la Constitución Provincial a efectos de dotar de eficiencia, idoneidad, independencia e imparcialidad a la Justicia. La figura de los Auxiliares de Fiscales viene siendo cuestionada y tildada de inconstitucional por distintos actores de la sociedad, desde su creación y que pese a todos los reparos planteados, año a año se han ido ampliando sus funciones hasta llegar al nivel de delegación total que pretende esta norma”.

La ampliación de facultades de los auxiliares fiscales también fue criticada por los presidentes de los Colegios de Abogados de la Capital, Rodolfo Gilli, y del Sur, Diego Vals, quienes dijeron justamente que los ayudantes fiscales no pueden tener las mismas prerrogativas que los fiscales ya que los primeros no fueron elegidos por el CAM.

Los legisladores de la UCR, en la nota enviada a Jaldo, afirmaron que “la norma cuestionada, importa un verdadero cheque en blanco para la actuación de funcionarios cuya idoneidad e independencia no se encuentra acreditada con el agravante que su actuación se realizará en procesos penales con la consiguiente afectación de las garantías constitucionales de los imputados y de los calificados intereses que tiene la sociedad en la persecución de los delitos”.

“La institución de un funcionario en los procesos penales que no ha sido designado de conformidad a los procedimientos fijados en la Constitución restringe de manera terminal las garantías del debido proceso y del juez natural, fulminando la independencia del Poder Judicial, principio de jerarquía superior que protege el agravado proceso de designación que regula la Carta Magna”, dijeron. Y finalmente advirtieron: “por todo lo expuesto, le requerimos que proceda a vetar de manera inmediata la modificación introducida en el artículo 94 septies de la Ley N° 6238, haciendo expresa mención que de lo contrario acudiremos a la justicia en busca de su declaración de inconstitucionalidad”.

Las modificaciones votadas por la Legislatura deberían ser promulgadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y luego publicadas en el Boletín Oficial.

* Por Juan Manuel Montero para La Gaceta

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