El Gobierno oficializó el plan para que Cammesa salde la enorme deuda con las generadoras de energía, pero fue rechazado por las empresas

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El Gobierno oficializó el régimen de pagos para saldar la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las empresas generadoras de energía, a través de la Resolución 58/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa establece “un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM con el objeto de restablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, ante el déficit de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la emergencia declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023″.

El Ejecutivo consideró que “en el marco de la emergencia energética, económica, financiera y tarifaria declarada, y ante el déficit sostenido y permanente del Fondo de Estabilización, resulta necesario generar un instrumento regulatorio que promueva, en forma simultánea, la normalización de las transacciones del MEM y el ordenamiento de su flujo de fondos mediante su cancelación; y la reducción del déficit fiscal”.

Asimismo, sostuvo que el régimen “no ocasiona una lesión al derecho de propiedad de los agentes acreedores, por tratarse de un diferimiento de pago que no altera de manera definitiva sus derechos, por cuanto resulta transitorio, excepcional y limitado en el tiempo”.

La Secretaría de Energía instruyó a Cammesa a elaborar y determinar con cada uno de los Acreedores del MEM los importes correspondientes a cada uno de ellos correspondientes a las Transacciones Económicas de los meses de diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024, con vencimiento en los meses de febrero, marzo y abril de 2024 respectivamente. 

El plazo original para realizar dicho relevamiento fue fijado en dos días hábiles desde la publicación del documento oficial. Sin embargo, se extendió a “cinco días hábiles”, mediante la Resolución 66/2024, que también fue publicada este miércoles.

El texto oficial dispuso que una vez determinados los importes, las liquidaciones serán canceladas del siguiente modo:

  • a. Las Liquidaciones de los Acreedores del MEM por las Transacciones Económicas de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, serán canceladas a los 10 días hábiles de la fecha de los acuerdos individuales mediante la entrega de títulos públicos “Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses step up 2038″.

Al respecto, el Gobierno precisó que el cálculo de los montos nominales a entregar de cada bono se realizará al tipo de cambio de referencia (Com. A3500) a la cotización vigente al cierre del día de la fecha de la aceptación formal por parte de los Agentes Acreedores del MEM.

  • b. Las liquidaciones de los Acreedores del MEM por la Transacción Económica del mes de febrero de 2024 serán canceladas con los fondos disponibles en las cuentas bancarias habilitadas en CAMMESA a efectos de las cobranzas y con aquellos disponibles por las transferencias realizadas por el Estado Nacional al Fondo Unificado con destino al Fondo de Estabilización.

El Gobierno también instruyó a Cammesa a “elaborar y determinar con cada uno de los Deudores del MEM, en un plazo de 5 días hábiles de la entrada en vigencia de la presente, los importes correspondientes a cada uno de ellos correspondientes a las facturas por la venta de energía eléctrica, con vencimiento en los meses de febrero, marzo y abril de 2024 respectivamente”.

Una vez determinados los importes mediante la suscripción de los acuerdos individuales respectivos, las facturas serán canceladas sujetas a los siguientes principios:

  • a. Las Facturas de los Deudores del MEM con vencimiento en febrero y marzo 2024 serán canceladas en su totalidad mediante los planes de pago que CAMMESA acuerde con cada agente deudor los que deberán sujetarse a las siguientes condiciones: tasa de mercado banco nación; y plazo de 48 meses.
  • b. Las Facturas de los Deudores del MEM con vencimiento en abril de 2024 deberán ser canceladas en su totalidad en un plazo de 30 días corridos de la entrada en vigencia de la Resolución.
  • c. Las facturas con vencimiento mayo de 2024 deberán ser canceladas en su totalidad en los términos y condiciones establecidas en la normativa vigente.
  • d. El incumplimiento de lo establecido en los incisos (b) y © inhabilitará al agente deudor en falta a celebrar acuerdos de pagos en las condiciones establecidas en el inciso (a) o la caducidad del acuerdo si este fuese anterior al incumplimiento.




La respuesta de las compañias

La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) rechazó el bono que el ministro de Economía, Luis Caputo, impuso  a las empresas del sector para cancelar deudas atrasadas y consideró “inaceptable” que pagos pendientes se condicionen a aceptar esta propuesta.

“Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta”, señaló la nota que la entidad le envío al jefe del Palacio de Hacienda para comunicar la posición del sector.

El Gobierno decidió cancelar las deudas de diciembre y marzo con el bono AE38 en dólares cuyo vencimiento es en 2038, pero que a su vez cotiza al 50% de su valor. Esto implica una pérdida de similar para las empresas ya que el bono deberá ser aceptado al 100% de su valor.   

El monto involucrado en esta operación alcanzaría a los $ 600.000 millones. Desde febrero los pagos se realizarían con el flujo de caja de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

En su nota, AGEERA esgrimió las siguientes razones para rechazar la imposición de Economía:

1) Resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada.

2) Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales.

3) Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses.

4) Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados.

5) Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado.

6) Compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad.

7) Afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento.

“Respecto de este último punto, es relevante recordar que los PPAs son contratos que se gestaron como un compromiso de CAMMESA en el marco de regímenes de promoción de inversiones en un sector en el cual, a pesar de existir la necesidad de nueva generación, no estaban dadas las condiciones para la inversión privada producto de una señal de precio fuertemente distorsionada por los subsidios”, añadió la entidad.

Asimismo destacó que “una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país”.

“De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”, advirtió AGEERA.

Las empresas alertaron además sobre “la situación crítica que están pasando los Agentes Generadores a quienes CAMMESA, sin mediar razón alguna y en una clara violación de ‘Los Procedimientos’, debe la totalidad de las ventas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, encontrándose próxima a vencer la transacción de marzo del corriente año”.

AGEERA sostuvo que “resulta de suma gravedad el hecho de que CAMMESA, contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional no efectuó los pagos correspondientes, lo que representa un grave incumplimiento de sus deberes.

“Si bien se rechaza la Resolución en su totalidad, el hecho de sujetar el pago de febrero (para el cual como se dijo en el párrafo precedente, CAMMESA posee fondos disponibles desde mediados de abril) a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”, enfatizaron las empresas generadoras.

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