El Gobierno le da la estocada final a Télam

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Diego Chaher, abogado mendocino y hombre cercano a Daniel Vila, a través de una nota a la Secretaría de Empresas del Estado, realizó un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis de la Sociedad del Estado Télam. De ser aceptada la medida ‑lo que se descuenta- se podría pasar del actual plan de retiros voluntarios a uno de despidos.  En el escrito también se solicitó el desenganche y la no aplicabilidad de las cláusulas tradicionales que rigen a los tres sindicatos con los que negocia la empresa.

El Procedimiento Preventivo de Crisis prevé que desde el próximo 11 de mayo comenzarían los despidos de aquellos empleados de la agencia de noticias que no se hayan adherido al plan de retiros voluntarios.

Se espera que en este contexto sean más los empleados que pidan el retiro, ya que los despedidos recibirán una fórmula económica equivalente “al 50% del actual esquema de Retiro Voluntario implementado”.

Hasta ahora, sólo el 20% de los empleados pertenecientes a la agencia estatal de noticias se inscribió en el plan de retiros voluntarios. Esto es, unos 150 trabajadores qre recibirán unos 23 millones de pesos., sin que importe el cargo y la antigüedad de cada uno.

En tanto, siguen trabajando 628 empleados, de los cuales 582 están en planta permanente y 46 contratados.

En el “convenio de desvinculación voluntario” se establece que quienes se anotaron hasta el pasado 31 de marzo cobraron toda la indemnización en una sola cuota, junto con el sueldo que les pagaron en los primeros días de abril.

El resto de los ya inscriptos tendrán que esperar hasta principios de mayo para cobrarlo junto con el sueldo de abril.

Con la decisión reciente de mejorar las condiciones del retiro y de cerrar las corresponsalías, las autoridades a cargo de la intervención de Télam confían en que serán más los empleados que se acercarán a las oficinas de Recursos Humanos para negociar.

Los argumentos del interventor

En el documento presentado en las últimas horas, el interventor explica que pese a los recortes realizados estos meses con un “plan de reducción integral de los costos operativos, el resultado logrado resulta meramente cosmético a la hora de abordar el desafío de rediseñarlo y favorecer de ese modo la continuidad operativa de algunas funciones valiosas de la organización”.

Télam “resulta absolutamente inviable de no contar con las millonarias transferencias que en forma regular realiza el Tesoro nacional para solventar sus gastos operativos. Esta Sociedad del Estado ha recibido en los últimos tres años más de 16.000 millones de pesos para sostener su funcionamiento”, continuó.

“Es importante destacar que la intención de esta Administración es ordenar y recrear condiciones para que ‑realizadas las optimizaciones necesarias- se genere una estructura de gestión adecuada que pueda desarrollar funciones de agencia”, concluyó el interventor.

Chaber cuenta con una vasta trayectoria en la administración de medios: fue por casi dos décadas gerente de asuntos legales del Grupo América, anteriormente Grupo UNO. Además, el futuro interventor estuvo a cargo desde el 2020 hasta el 2022 de la gerencia del Canal 8 de San Juan, afiliado al Grupo América que transmite desde aquella provincia.

En su presentación Chaber argumenta:

Tal como lo señaláramos, TELAM cuenta hoy con una nómina de 582 empleados y 46 colaboradores contratados. Ante la grave situación descripta anteriormente su cierre operativo y sin perjuicio que a nuestro entender ya se encuentra debidamente configurada la causal de crisis requerida para accionar distractos con la formulación económica equivalentes al 50% del actual esquema de Retiro Voluntario
implementado, que representan claramente un reconocimiento inferior al de los planes de retiros ofrecidos a todo el personal que estarán vigentes hasta el día 10 de mayo de 2024, destacando nuevamente que dicho programa ha sido articulado como un verdadero amortiguador a la grave crisis denunciada.

Finalizada dicha etapa, la adecuación del propósito y la falta de generación suficiente de flujos genuinos de fondos para el sostenimiento de la organización y las ingentes limitaciones del tesoro nacional para realizar aportes (ATN), esta administración se ve en la imperiosa necesidad de realizar las desvinculaciones dentro de las citadas condiciones económicas descriptas y razón de la crisis y emergencia económica articulada.

Es importante destacar que, la intención de esta administración es ordenar y recrear condiciones para que ‑realizadas las optimizaciones necesarias- se genere una estructura de gestión adecuada que pueda desarrollar funciones de “agencia”.


De existir dichas condiciones se puede entender que el requerimiento operativo resultante, podría estimar una dotación (cuya evaluación se está ajustando) en una primera etapa equivalente aproximadamente un 8% de la dotación actual.



PROPUESTAS CONCRETAS A ABORDAR EN EL PROCEDIMIENTO

“La Empresa considera imperioso abordar en esta excepcional instancia las siguientes necesidades que se fueran anticipando a lo largo del escrito de solicitud de apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis en la Empresa y que pasan a integrar la agenda temática a tratar:

1. En virtud de la manifiesta situación de Crisis, desvinculación de la nómina equivalente al 82% de los trabajadores remanente bajo con un valor indemnizatorio equivalente al 50% del establecido en el actual plan de Retiro Voluntario establecido en TELAM S.E. , reduciendo en tal como se desprende utsupra y cuyo listado se añadirá bajo las estrictas razones planteadas en el acápite pertinente

2. Durante un plazo inicial de 180 días se requiere la suspensión de todos los aumentos para el personal, así como también la aplicación durante igual período de las cláusulas convencionales de contenido económico específico (comúnmente denominados adicionales) que modifiquen en más las pautas
estipuladas en la LCT, lo expresado hasta tanto se puede renegociar estas condiciones en un nuevo acuerdo de crisis.


3. Utilización y optimización de la innovación tecnológica por parte de los empleados adaptando los contenidos convencionales que regulan tal actividad al uso de la tecnología y prácticas de las organizaciones actuales logrando de tal forma eficiencia en sus procesos.

La presentación completa

Mariano Suárez, abogado y miembro del sindicato Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), publicó en el portal Mil Campanas, un texto que contradice los deseos oficialistas: Lo que sigue, es la fundamentación dl abogado:

Una antigua cuestión, la procedencia de indemnizaciones reducidas fundadas en circunstancias de “fuerza mayor” y otras causas (económicas), a las relaciones laborales regidas por el Estatuto del Periodista Profesional, cobró renovada fuerza a la luz del conflicto de la agencia de noticias y publicidad Télam, sociedad del Estado cuyo “cierre” anunció el gobierno nacional y sobre el que ha anunciado a sus trabajadoras y trabajadores que abonará indemnizaciones reducidas para el caso de que no “elijan” adherir a un “retiro voluntario” que divide por tres el monto de la reparación legal. Como todo asunto con tradición en el Derecho, conviene no actuar como si nadie antes hubiera reflexionado, escrito y resuelto sobre el asunto.

Comencemos por la conclusión y luego analicemos su por qué. La hipótesis del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (1), que inaugura el Capítulo V, “De la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, no se aplica en ningún caso a las relaciones de trabajo comprendidas en la ley 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional).

Antes de examinar las razones de tan tajante enunciado, primero observemos el estado de la cuestión en la Justicia Nacional:

  • “El estatuto del periodista profesional no contempla la indemnización reducida por falta o disminución de trabajo, por lo que no es aplicable a dicha actividad la normativa del art. 247 de la LCT” (CNAT, Sala IV, Expte Nº 7254/07 Sent. Def. Nº 93.873 del 10–2‑2009 “Beber, Eduardo Alejandro c/Editorial Sarmiento SA s/diferencias de salarios”).
  • “La ley 12.908 no contempla como causal de extinción del contrato de trabajo la caída de las labores prevista en el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que a los fines del cálculo de la indemnización por despido resulta improcedente valorar la situación de crisis que atravesaba la empleadora” (CNAT, Sala III, 29–3‑2006, Toni, Luis Pedro c. América TV, DT 2006‑B, 1172).
  • “El estatuto del periodista profesional no contempla la indemnización reducida por falta o disminución de trabajo, por lo que no es aplicable a dicha actividad la normativa del art. 247 de la LCT” (CNAT, Sala VI, 30/9/93, “Chirico, Ricardo c/ A/Z Editora S.A. s/ despido ‑voto del Dr. Fernández Madrid, por la mayoría).
  • “Por su carácter de ley especial y posterior la ley 12908 excluye la aplicación de las disposiciones relativas a falta o disminución de trabajo; por lo que predomina el sistema indemnizatorio previsto por la ley especial” (CNAT, Sala III, Roca, Mario c. Análisis S.A”, 23–4‑1971).

Sobre la misma materia, también se pueden rastrear los precedentes “CNAT, Sala IV, De La Cruz Fernández Z E LBA Gabriela c/ Radio Emisora Cultural S.A. s/ despido” 18–7‑2014 Y “Halperín, José R. y otros c/Análisis S.A”, D.L, 1972-166, entre otros.

Establecida la posición de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, nos detendremos en el razonamiento que lo sostiene.

El Estatuto del Periodista Profesional tiene su propio régimen indemnizatorio. Con un sistema semi-cerrado de causales (entre las que no figura el despido por fuerza mayor o falta o disminución del trabajo) y un sistema de reparación diferente del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La cuestión, allí, parecería definida sin más controversia, pero puede acudirse a la hipótesis del artículo 247 de la LCT, a través de la vía supletoria del art. 47 del EPP. Esa hipótesis no está exenta de conflictos interpretativos.

Es prudente advertir que la doctrina de la extinción del contrato de trabajo “por causas económicas” ‑y con ella la posibilidad de las indemnizaciones reducidas- y el Estatuto del Periodista Profesional son contemporáneos en el devenir histórico.

El origen de la doctrina nació con el decreto 33.302/45 que establecía una reparación menor cuando la extinción del contrato se debiera “a la disminución o falta de trabajo fehacientemente justificada”. Esa doctrina luego se iba a consolidar, en 1955, con el plenario “Hennse c. Landrock”, que aclaró algo esencial, que el hecho justificante debía ocurrir “por causas ajenas a la voluntad del empleador”.

Es evidente, entonces, que el concepto jurídico de la indemnización por causas económicas ya existía para el tiempo de la sanción del Estatuto del Periodista, que cuando reguló el instituto de la extinción del contrato no olvidó la existencia de la hipótesis referida: el legislador entendió que no era apropiada a la naturaleza de la actividad. Esa posición, a la vez, resulta compatible con todos los antecedentes de la ley 12.908, incluso con el texto base elaborado en el Congreso Nacional de Periodistas de 1938, que aun en el caso de “cesación del diario, periódico o revista, cualquiera sea la causa que la origine” preveía que le correspondía la misma tarifa indemnizatoria que en los demás casos. Y esa reparación, conforme a la posterior ley 12.908, se estableció en un mes de salario por cada año trabajado, más la “indemnización especial” prevista en la norma.

Arese destaca la “paradoja” de que, en caso de aceptarse dicha interpretación, se remitiría, a los fines del cálculo indemnizatorio, a la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, “ajeno al sistema” de la ley 12.908.

Concluyamos que el instituto de la extinción del contrato previsto en el EPP, en ese sentido, es “completo”, y la vía supletoria del artículo 47 del EPP no se aplica ni cuando se trata de examinar la procedencia del artículo 247 de la LCT ni en ninguno de los otros casos en lo que podemos cruzar la regulación de los institutos. Así, del mismo modo, resulta inaplicable a las relaciones reguladas por el EPP, la aplicación del tope del artículo 245 o la base salarial del artículo 245. Incluso, al auxilio de esta interpretación (la incompatibilidad del art. 247 a las relaciones de la ley 12.908) se presta la restrictiva interpretación que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha aplicado en el plenario “Casado”, a propósito de los incrementos indemnizatorios. Aun desde esa posición, cabe descartar la aplicación del art. 247.

Por lo demás, corresponde la aplicación de las reglas generales sobre superposición de normas. Justo López ha dicho que “las disposiciones estatutarias sólo prevalecen sobre las normas de la LCT cuando estas son incompatibles con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el régimen jurídico específico a que se halle sujeta o cuando, no existiendo incompatibilidad, son más favorables”.

A la luz del conflicto de la agencia Télam que motivó este artículo, en el que el empleador ‑el Poder Ejecutivo Nacional- anuncia la solicitud de apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis, es importante destacar que el mismo goza autonomía de las causales de “fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”. Esto es, el PPC no implica la habilitación de la vía del art. 247 ni la vía del art. 247 procede en todos los casos que transitan por el PPC.

Ya que de Télam se trata en otro conflicto de la misma sociedad del Estado, en 2018, la CNAT ya había establecido que el PPC “no se limita únicamente a los supuestos de despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo (cfr. art. 247 LCT). Digo ello, por cuanto, si así fuere, no tendría razón de ser la genérica inclusión de “causas económicas o tecnológicas”, en el texto de la norma” (Expte. Nro. 43919/2018, Luna, Santiago y otros c/ Télam S.E s/medida cautelar, Juzgado del Trabajo Nro 22, 27-11-2018, inédito).

Desde ya, y no es motivo de este trabajo, aun para quien considerase la pertinencia de la aplicación de la vía del artículo 247 de la LCT a las relaciones regidas por el Estatuto del Periodista Profesional, luego les cabe, en el caso mencionado, la justificación imposible sobre la concurrencia de los requisitos materiales para la viabilidad de la norma detrás de la acreditación ‑ya en el terreno de la ficción y no del derecho- de la irresponsabilidad del empleador en la presunta crisis de la sociedad del Estado, posición que, incluso, contradice los antecedentes de las “normas de emergencia”  dictadas por la propia Administración desde el 10 de diciembre de 2023 que sostienen exactamente lo contrario.

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