El Gobierno consiguió la sanción de la Ley Bases y el regreso de Ganancias para los trabajadores

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Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados dio la última palabra en el prolongado y extenuante trámite legislativo en torno a los proyectos de Ley Bases y el paquete de reformas fiscales con que el presidente de Javier Milei inauguró su mandato.

Con una mayoría contundente gracias al apoyo de los bloques de oposición dialoguista, el oficialismo logró que se sancione de manera definitiva la Ley Bases con 147 votos positivos y 107 negativos, mientras que 2 se abstuvieron.

Luego la Cámara baja se abocó a la votación del paquete de reformas fiscales, el cual incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, uno de los capítulos del paquete fiscal que el Senado rechazó hace dos semanas. Se aprobó con 136 votos positivos, 116 negativos y 3 abstenciones. Acto segido se votó la reposición del capítulo sobre Bienes Personales: se aprobó con 134 afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones.

Este punto acaparó la mayor atención por parte del Gobierno, cuyos principales referentes desembarcaron en la Cámara de Diputados al caer la tarde. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei e incluso la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se apostaron en el despacho de Martín Menem, presidente del cuerpo, para monitorear el debate y rastrear en el radicalismo y en el bloque de Unión por la Patria los votos necesarios.

Las negociaciones fueron incesantes a lo largo de la jornada. Al filo de la medianoche el oficialismo respiró tranquilo cuando garantizó el voto favorable de Carolina Píparo ‑distanciada del espacio libertario- y cuando, desde la UCR, anticiparon los avales suficientes para aprobar la restitución del impuesto.

En efecto, poco antes de la votación, desde esa bancada informaron que, de los 34 diputados que integran el bloque, 23 votarían a favor y otros 11 lo harían en contra, entre ellos tres que habían votado de manera positiva en la media sanción original. Ellos son Karina Banfi y Fabio Quetglas ‑ambos bonaerenses- y la santacruceña Roxana Reyes. Se sumaron a sus pares Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Martín Tetaz y Danya Tavela, que habían votado en contra en la media sanción.

Aun con estas divisiones internas, el grueso del radicalismo tuvo una actitud de acompañamiento, exaltó el jefe de bloque Rodrigo De Loredo en su discurso de cierre. “Nuestro bloque va a acompañar por una amplísima mayoría estos textos por varios motivos; el más importante es porque estamos de acuerdo con los contenidos. Delegaciones razonables, privatizaciones necesarias, un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desafixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las pymes, un régimen de inversiones, una recuperación de un impuesto a las ganancias que nunca debió haber sido retirado”, enumeró el cordobés quien, no obstante, le recriminó al Gobierno que buena parte del ajuste fiscal que instrumenta “no lo paga la casta, sino los sectores medios y los adultos mayores”.

La sesión arrancó al mediodía. Dos fueron los dictámenes que, pasada la medianoche, se sometieron a votación. El primero de ellos fue el referido al proyecto de Ley Bases: es el menos complejo, ya que merced a un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- consta de un solo punto, el cual propone aceptar las modificaciones que incorporó el Senado a la media sanción que Diputados votó en abril pasado.

Esta iniciativa tiene como capítulos claves la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar organismos del Estado, el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), un compendio de reformas laborales y la autorización para declarar sujetas a privatización a ocho empresas públicas. A regañadientes, el Gobierno y Pro debieron acceder a un planteo de Miguel Pichetto y su bloque de respetar lo acordado en el Senado y mantener fuera de la nómina de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina (RTA), las cuales estaban incluidas en la media sanción original.

Pichetto reivindicó su postura en su discurso de cierre y se la achacó a una mala praxis del oficialismo en el Senado. “Comparto la visión de las privatizaciones y habría que dar un debate ley por ley. Estamos abiertos para hacerlo. Pero no podemos hacerlo en esta ley porque el oficialismo en el Senado retiró este capítulo antes de la votación en general. No podemos insistir”, reprochó Pichetto.

El kirchnerismo votó en contra de la Ley Bases. Cuestionó varios aspectos de la iniciativa, entre ellos el RIGI, una propuesta con la que el Gobierno aspira a atraer inversiones desde U$S 200 millones a partir de una amplio y generoso abanico de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. “Si alguien piensa que el RIGI va a equilibrar las cuentas fiscales es mentira”, advirtió Máximo Kirchner. “Devasta nuestras comunidades, crea canastas petroleras y mineras y enormes desigualdades en nuestros pueblos”, alertó.

Quien salió al cruce de Kirchner fue Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro, quien enfatizó que el RIGI contiene cláusulas similares al contrato que firmó en 2013 el gobierno kirchnerista con la empresa estadounidense Chevron por la explotación de Vaca Muerta. “Los detalles del acuerdo se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo, lo que generó desconfianza y acusaciones de falta de transparencia. Chevron recibió, además, condiciones financieras y fiscales muy favorables, incluyendo exenciones impositivas, garantías de ganancia, y estos términos específicos nunca fueron revelados públicamente ‑sostuvo-. Es mucho peor que el RIGI. Ahora vamos a ver quién lo firma, quién lo aprueba. Así que viva el RIGI en la Argentina.”

Tras la sanción definitiva de la Ley Bases, sobrevino la votación del dictamen del paquete fiscal que, a diferencia del anterior, es mixto: propone insistir en tres puntos de la media sanción original y aceptar las modificaciones que incluyó el Senado en el resto de los artículos.

Entre los capítulos a insistir figuran la restitución del impuesto a las Ganancias que, de aprobarse, afectará a casi un millón de trabajadores asalariados y, en paralelo, beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) orillará 0,43 del PBI.

Esto explica las posiciones divididas de los legisladores en torno a votar una vez más por la reposición de este tributo a la cuarta categoría que, vale recordar, fue eliminado el año pasado a instancias del kirchnerismo y con el voto del entonces diputado Milei. No pocos legisladores recordaron este episodio con ironía, entre ellos el diputado Eduardo Valdés.

“Hace menos de un año el propio Milei dijo: ´Es un delirio descomunal tratar al salario como ganancias, este impuesto es inmundo por eso debe ser eliminado´. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?”, acicateó.

En la sesión del 30 de abril pasado, cuando la Cámara de Diputados discutió por primera vez el paquete fiscal, la votación en torno a este capítulo fue ajustada, con una diferencia de 19 votos entre los positivos y los negativos. En esta oportunidad, sin embargo, esa diferencia se acortó.

En efecto, varias voces de la oposición dialoguista que no responden a gobernadores se han mostrado reticentes a asumir el costo político de acompañar otra vez un gravamen coparticipable que afectará a la clase media y beneficiará a sus adversarios políticos en sus provincias.

Este punto también divide a Unión por la Patria (UxP), donde los gobernadores del norte presionan a sus diputados a que faciliten la aprobación del impuesto para aliviar sus rojos fiscales. Anoche se especulaba con que los cuatro catamarqueños en línea directa con el gobernador Raúl Jalil adopten una actitud colaborativa, a contrapelo de sus compañeros.

De restituirse el tributo para la cuarta categoría, el nuevo piso es de salarios brutos $1,8 millones para los solteros sin hijos y de $2,3 millones para los casados con hijos.

Las alícuotas serán progresivas, con escalas que van del 5 al 35%. Tanto los pisos mínimos como las escalas y las deducciones serán actualizadas cada seis meses por inflación.

Desde Unión por la Patria relativizaron que la suba de la recaudación por la restauración del impuesto termine siendo una ecuación favorable para los gobernadores. El diputado Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos, sostuvo que ese argumento “es una falacia” pues, a su juicio, las provincias “van a perder por la suba de los mínimos no imponibles y la baja de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales”.

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