Eduardo Belliboni va a indagatoria por el manejo de los planes y Sandra Pettovello se niega a dar explicaciones por los alimentos

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.

El Gobierno nacional informó que apelará la decisión judicial del juez Sebastián Casanello, luego de que le ordenara al Ministerio de Capital Humano que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Desde la cartera que coordina Sandra Pettovello anunciaron que apelarán la resolución de la Justicia al argumentar que “no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública”.

“De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”, explicaron.

En la misma línea, puntualizaron que la yerba, a la que calificaron de mala calidad, fue adquirida a través de “procesos poco transparentes” durante la administración del Alberto Fernández. “El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes”, calificaron desde el Ministerio. 

Asimismo, aclararon que “no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, pidió que sean “entregadas rápidamente” las cinco mil toneladas de alimentos almacenadas por el Gobierno nacional, mientras que manifestó que “preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad” ante “la necesidad primaria” por la comida.

Ojea se refirió en esos términos en el marco del mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad. 

“Nos preocupa que se vaya perdiendo esta sensibilidad ante un derecho esencial y primario, como es el del alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario”, expresó.

Tras una requisitoria periodística, el Gobierno reconoció el acopio de cinco mil toneladas de alimentos almacenadas durante el Gobierno de Alberto Fernández para “situaciones de emergencia”.  

“Nos hemos enterado de que existen dos depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social (en referencia a la cartera de Sandra Pettovello) que tienen 5 mil toneladas de alimentos guardadas. No entro en las razones por las que están guardados, pero en un tiempo de emergencia alimentaria, esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente, tienen que ser entregados”, sostuvo el obispo de San Isidro. 

Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en la habitual conferencia de prensa que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública”. 

En ese contexto, Belliboni fue citado para el 15 de junio.

El juez Casanello adoptó la decisión después de “avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas ‑en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente”.

Casanello basó su apreciación en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, subrayó.

Según Casanello, “dicha maniobra se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular ‑referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.

El cronograma de las indagatorias prevé que Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches deberán presentarse el 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper, el 12;  Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli, el 13;  Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez, el 18; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma, el 19;  Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz, el 15.

Casanello advirtió sobre “una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores”.

“La organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”, destacó el juez.

*NA

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