Denuncian a la directora General de Aduanas Rosana Lodovico por un oscuro préstamo con una firma acusada de contrabando

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La presentación judicial lleva las firmas de Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio. Acusan a Rosana Lodovico por incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En otra presentación que involucra a la titular de la Aduana, su exmarido, Luis Antonio Bocassi, su cuñado, Alejandro Omar Lucano,estos dos últimos también empleados del organismo, fueron denunciados en la Justicia para que se investigue el posible delito de cohecho y lavado de activos a raíz del préstamo que Lodovico tomó en 2022, de una empresa vinculada al contrabando, como dio a conocer el diario La Nación. En la presentación, realizada por la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, también se menciona a Promarlon SA y su dueño, quienes otorgaron el mutuo.

“En virtud de noticias periodísticas hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Rosana LODOVICO (Directora de ADUANAS); Luis Antonio BOCASSI (ex marido de LODOVICO y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la ADUANA) recibidos a través de un ‘préstamo’ de US$250.000 que le habría hecho PROMARLON SA por orden de su presidente, Claudio Gabriel SZLAIEN, mientras la empresa se encontraba siendo investigada por contrabando”, destaca la denuncia de Campagnoli.

Aclaran, a su vez, que la empresa no se dedica a brindar préstamos ni está autorizada a ello, y que los fondos se habrían aplicado a la adquisición de una casa de veraneo con el fin de darle apariencia de licitud. “Podría claramente deducirse que nos encontramos frente a un supuesto en el que mediante el otorgamiento de un ‘préstamo’ se procuraba la impunidad de una empresa denunciada por contrabando, y que para ello se habría ejercido influencia desde un organismo de la Administración Pública”, agregaron.

El juez federal Ariel Lijo

A su vez, Campagnoli vinculó en la denuncia a Lucano, el cuñado de la titular de la Aduana, no solamente por su posible rol en las maniobras alrededor del préstamo con Promarlon, sino también por una sociedad que constituyó con Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema. “Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse”, menciona la denuncia, que solicita el levantamiento del secreto financiero.

La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones en la Aduana. Durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei. El Gobierno no ha hecho declaraciones aún sobre la situación de Lodovico ni del resto de los funcionarios mencionados.

En la denuncia de la Fundación Apolo se la acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. El documento lleva la firma del legislador porteño y director general de la Fundación, Yamil Santoro; del jefe del equipo legal de la misma, José Magioncalda; y del abogado Juan Martín Fazio.

“Este hecho plantea serias implicaciones éticas y legales, especialmente en virtud de lo dispuesto en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y en el Código Penal”.

La conducta de la funcionaria denunciada está infringiendo dichas leyes, lo que podría acarrear sanciones penales según lo estipulado en los artículos 248 y 265 del Código Penal. En ese sentido, Apolo considera que esta situación genera un grave descrédito en la ciudadanía y exige una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.

“En momentos en que el país atraviesa una crisis económica sin precedentes, resulta intolerable que los funcionarios públicos se vean envueltos en conductas delictivas. Por ello, instamos a las autoridades correspondientes a investigar diligentemente estos hechos y a aplicar las sanciones que correspondan en caso de comprobarse la comisión de delitos”, sostuvieron desde la Fundación Apolo.

“La Fundación Apolo reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho, y seguirá trabajando incansablemente para combatir la corrupción en todas sus formas”.

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