Con peleas y abdicaciones, el Gobierno logró dictamen para su nueva ley ómnibus y la moneda está en el aire

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El oficialismo logró emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y la iniciativa quedó lista para votarse en el recinto. Por la tarde, la presidencia de la Cámara de Diputados confirmó la citación a sesión especial para el próximo lunes a las 11 hs, y se espera que el debate continúe durante el martes completo y el miércoles a la madrugada.

Para reunir la mayoría, el oficialismo debió hacer nuevas concesiones a la oposición dialoguista, como quitar al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización y acotar la reforma laboral.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo, y dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) Margarita Stolbizer. 

En el radicalismo solamente dos diputados resolvieron no acompañar el dictamen del oficialismo: el formoseño Fernando Carbajal y el bonaerense Pablo Juliano.

El debate

El flamante presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Santiago Santurio, expresó el optimismo del oficialismo: “Después de mucho trabajo y esfuerzo estamos llegando a los acuerdos necesarios para seguir avanzando con esta legislación”.

A continuación, el diputado de La Libertad Avanza Marcelo Llanos calificó la Ley Bases como “sumamente importante para el futuro de la Argentina”, y destacó el diálogo “fructífero” que se logró entre el oficialismo y algunos bloques de la oposición para arribar a consensos.

A su turno, el radical Lisandro Nieri resaltó “la importancia de darle a un gobierno que comienza las herramientas necesarias” para gobernar, aunque marcó algunos “diferencias y observaciones”.

El diputado del PRO Damián Arabia coincidió en que resulta “necesario y relevante que este Congreso le otorgue al Poder Ejecutivo herramientas específicas para que este proceso sea logrado”.

“Sobretodo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral que a todas luces es estrictamente necesaria. No es solamente un deseo, sino una necesidad”, consideró.

La primera polémica de la jornada se suscitó cuando el legislador del Frente de Izquierda Christian Castillo tomó la palabra y denunció que el oficialismo no había compartido con una “inmensa cantidad de diputados” el texto del dictamen que se estaba debatiendo. 

“Quiero manifestar la perplejidad que tenemos varios de los diputados que estamos acá presentes porque se está haciendo una discusión sobre no sabemos qué texto. Esto es algo inédito, insólito, irregular e ilegal porque acá hubo diputados que hablaron al principio que dan cuenta de un texto que se va a debatir, pero sobre el que una inmensa cantidad de diputados y diputados que no tenemos la menor idea de cuál es”, recriminó.

También cuestionó que temas de la ley ómnibus como la reforma laboral y la eliminación de la moratoria previsional no hayan tenido el debate en las comisiones correspondientes (Legislación del Trabajo y Previsión Social, respectivamente). 

En ese sentido, el diputado trotskista expresó una moción para ir a un cuarto intermedio hasta que todos los diputados del plenario tuvieran en sus manos el texto del proyecto del oficialismo.

La réplica llegó de parte de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien le endilgó a Castillo desconocimiento del reglamento, ya que éste no permite pedir mociones en reuniones de comisión.

“Los que vamos a firmar el dictamen ‑que esperamos que sea de mayoría- conocemos el dictamen que vamos a firmar”, contestó, y dijo que está “muy tranquila con la legalidad de todo este proceso”.

Esta intervención generó la desaprobación de los diputados kirchneristas y de izquierda, quien expresaron su descontento haciendo sonar la mesa con sus palmas como si fuera un tambor.

“Lo que no ganen por los votos no lo van a ganar por la violencia que hagan en esta comisión”, lanzó Lospennato, desafiante.

Y al retomar el planteo de Castillo, agregó: “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda ni en el Unión por la Patria. Y esperamos no conocerlos, no nos interesa conocerlos”, insistió.

A su turno, Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal) reveló que la Coalición Cívica presentará su propio dictamen, aunque aclaró que comparte muchos aspectos de la ley ómnibus del Gobierno.

“Tenemos que terminar con una ley que empezó el 27 de diciembre que el oficialismo decidió mandar a comisión el 5 de febrero. Ya pasaron cuatro meses y medio y todavía el Congreso no sacó una sola ley. Este Congreso está en deuda”, se quejó.

“Espero que algún producto decente saquemos lo antes posible”, y señaló que es necesario para que Milei ya “no tenga excusas”. 

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, invitó a los diputados de la oposición a firmar el dictamen del oficialismo.

“Es una ley que le da va a dar más libertad a los argentinos. Es una ley que le va a dar más herramientas al presidente Milei para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos”, enfatizó el cordobés.

“Vamos a realizar una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos. Se va a terminar con entes y organismos que no cumplen con las funciones que necesitan los argentinos y sólo generan gastos”, mencionó

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el estado de debate actual de la ley ómnibus como un “déjà vu” del proceso de discusión en los meses de enero y febrero cuando se cayó el tratamiento del primer dictamen en el recinto de la Cámara Baja.

El santafesino opinó que ese dictamen había sido negociado “la mitad en el hotel Savoy y la otra mitad en un departamento de Recoleta con empresarios”.

A los diputados de la oposición que van a firmar el dictamen del oficialismo, Martínez les dijo que “digan la verdad” y admitan que el proyecto “es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en el mes de febrero”. 

“Las reformas administrativas son igual de dañinas y perversas que el dictamen anterior”, añadió Martínez, que también criticó el capítulo que habilita la intervención y disolución de organismos públicos, el de privatizaciones y la reforma laboral.

El dictamen de mayoría del oficialismo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una versión acotada respecto del texto que se desmoronó el 5 de febrero pasado cuando el presidente Javier Milei ordenó, a la distancia, la vuelta en comisión.

El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.

Por insistencia de la UCR se quitó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus empresas subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.

El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.

También se decidió quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego pára poder combatir estas prácticas abusivas de mercado.

anses

A su vez, se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.

Cómo quedó la ley ómnibus

El artículo 1 consiste en la declaración de la emergencia en cuatro materias: económica, administrativa, energética y financiera (es decir que produce un recorte respecto de la versión del verano cuando estaban la de seguridad y tarifaria). Esta disposición le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para poder tomar resoluciones en cada uno de estos planos.

La ley sigue con un capítulo de reforma del Estado donde lo más relevante es el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones de esos organismos, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada.

No obstante se incluyó una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución.

En la versión anterior, solamente se consignaban allí entre las excepciones al Conicet, el INTA y las universidades nacionales.

Por presión de los bloques opositores se añadieron a ese listado otros organismos como la CONEAU, CONAE, Instituto Malbrán, INCUCAI, INCAA, ANMAT, ENACOM, la CNV y la UIF.

Enmarcado en el mismo título de “Reforma del Estado” se encuentra el artículo 5 que autoriza al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.

Por pedidos de la oposición dialoguista se efectuaron retoques para garantizar que los recursos de aquellos fideicomisos que se financian con asignaciones específicas de impuestos coparticipables, vuelvan a la masa coparticipable, y solamente los fondos del resto de los fideicomisos que se liquidan vuelvan al Tesoro.

En cuanto al capítulo de privatizaciones, se declaran empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

En tanto, se declara empresas sujetas a privatización parcial a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que en caso de que una parte de sus acciones sean trasferidas el Estado deberá conservar la mayoría societaria. En este grupo estaba incluido el Banco Nación, pero fue retirado del listado y no será privatizado. 

El otro tema conflictivo que estuvo en la baraja hasta último momento es la reforma laboral, que quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados “pasantías”), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

Otro aspecto fundamental de la ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.

*NA

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