El intendente de Tucumán, Germán Alfaro (PJ, aliado a Cambiemos), cargó duro contra el gobernador Juan Manzur (PJ), a quien calificó de «príncipe» y de cometer una «brutalidad política» al enviar fondos a los municipios oficialistas y excluir a los que no son del Frente de Todos. «¿Son menos tucumanos los ciudadanos de San Miguel de Tucumán? ¿Valen menos para el gobernador porque no lo votaron?”, bramó el peronista Alfaro, quien ganó la intendencia en una alianza pluripartidaria que enfrentó al PJ oficial de Manzur, y consideró la decisión del gobernador como «una flagrante discriminación».

Manzur  otorgó sumas por $ 374 millones en concepto de aportes no reintegrables a los 15 intendentes peronistas de la provincia, pero excluyó a la capital y a Yerba Buena, Concepción y Bella Vista, gobernadas por intendentes de otro signo político.

San Miguel de Tucumán quedó afuera pese a tener una población de casi 700 mil habitantes, lo que convierte al «Jardín de la República» -como se la llama- en la sexta ciudad más poblada de la Argentina. Además, con una población sumada de algo más de 810.000 habitantes, las cuatro ciudades no contempladas concentran cerca de la mitad de la población provincial.

“Tal es el grado de impunidad con el que se manejan que ni siquiera sintieron la necesidad de justificar la decisión”, apuntó Alfaro, al explicar que los decretos de envío de fondos no estaban justificados y evaluó que Manzur se maneja con la “incuestionable voluntad de un príncipe” y así hace valer “su propia voluntad como única fuente de razón y justicia”.

“Esta es la bajísima calidad institucional con la que se gobierna en esta provincia. Estas son las convicciones democráticas con las que se lleva por adelante la vida de los tucumanos”, exclamó y puso de relieve que lo hecho por Manzur es “una naturalización de las peores formas de la política y de las más oscuras formas de manipulación”. Alfaro sostuvo que analizará qué acciones adoptará, al igual que los intendentes Mariano Campero, de Yerba Buena; Roberto Sánchez, de Concepción; y Sebastián Salazar, de Bella Vista, quienes también estudian un pedido de audiencia al ministro del Interior provincial, Miguel Acevedo.

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