«Balas que pican cerca», es una frase que se repite a diario en estos días en la Casa Gris, la sede del gobierno de Omar Perotti, quien en apenas 40 días de gestión está acechado en varios frentes.

Por un lado tiene la crisis de seguridad con epicentro en Rosario -donde hubo 18 homicidios en lo que va del mes-, que originó el descabezamiento de la cúpula policial provincial,  sospechada de tener fuertes lazos con el narcotráfico, especialmente la famosa banda «Los Monos», que se cree que sigue manejando la zona pese a que sus jefes fueron enjuiciados y encarcelados.

Por otro lado está la crisis que encontró al asumir, el 11 de diciembre, producto de la herencia que le dejó el socialista Miguel Lifschitz y que Perotti estima en unos 15.000 millones de pesos de déficit y 25.000 millones de pesos de deuda flotante.

Pero esos no son los únicos frente de conflicto, ya que la situación económica hizo mella en la Tesorería y llevó a Perotti a desdoblar el pago de salarios, lo que le generó movilizaciones y reclamos de los estatales. 

Y el destino les depara a los trabajadores estatales algo peor: la idea del gobierno es suprimir la denominada «cláusula gatillo» por la que se aumentan los sueldos al ritmo de la inflación -así ocurrió en el 2019-, en el marco de la indexación de la economía que pregona el presidente Alberto Fernández.

Y, como si fuera poco, inesperadamente Perotti tiene en contra medio bloque peronista del Senado, la Cámara que domina el PJ.  Lo insólito es que fueron esos propios legisladores -encabezados por el senador Armando «Pipi» Traferri, del Departamento San Lorenzo- los que modificaron y eliminaron varios artículos del proyecto de seguridad pergeñado por el ministro de Seguridad provincial, Miguel Saín, en el marco de un plan general para enfrentar la ola de homicidios y robos. 

Pero esas no son las únicas malas noticias para Perotti: la semana pasada anunciaron con bombos y platillos un acuerdo para combatir la inseguridad y el narcotráfico con el presidente Fernández, en la Casa Rosada. 

Pero la realidad es que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, le dijo que debe arreglarse con los efectivos de Gendarmería y Prefectura -unos 2.000- que ya tiene apostados en su provincia. De acuerdo al gobierno nacional, la «solución no es saturar» con efectivos el territorio, sino hacer modificaciones en el sistema judicial de investigaciones.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here