Siguen los coletazos por la decisión del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, de enviar remesas de dinero a municipios del Frente de Todos y dejar afuera a los que son de la oposición. La UCR tildó hoy de «trato discriminatorio» a Manzur, para con intendentes que no son del oficialismo, a los cuales no incluyó en una lista de envío de fondos, entre ellas nada menos que a la capitalina, San Miguel de Tucumán. 

«El Comité Nacional de la UCR observa con preocupación el trato discriminatorio que se practica en la provincia de Tucumán por parte del gobernador para con los municipios que son administrados por intendentes pertenecientes a otro espacio politico distinto al oficialismo tucumano», sostiene un comunicado firmado por su presidente, Alfredo Cornejo, y su vice, Alejandra Lorden».

«Llama la atención que por un decreto provincial se haya distribuido a las intendencias de las provincias, fondos de ayuda económica no reintegrables, habiéndose excluido expresamente a los municipios de San Martín de Tucumán, Concepción, Yerba Buena y Bella Vista, administrados por intendentes de otros espacios políticos al del gobernador», denunció la UCR.

Periodismo Federal había adelantado el miércoles que el intendente de Tucumán, Germán Alfaro (PJ, aliado a Cambiemos), criticó a Manzur por enviar fondos a los municipios oficialistas y excluir a los que no son del Frente de Todos. 

«¿Son menos tucumanos los ciudadanos de San Miguel de Tucumán? ¿Valen menos para el gobernador porque no lo votaron?”, critico Alfaro porque Manzur, por el «decretazo», otorgó sumas por $ 374 millones en concepto de aportes no reintegrables a los 15 intendentes peronistas de la provincia, pero excluyó a la capital y a Yerba Buena, Concepción y Bella Vista, gobernadas por intendentes de otro signo político.

El radicalismo también advirtió que en Tucumán «no se coparticipa Ingresos Brutos, que representan el 80 por ciento de los ingresos que recauda la provincia, lo que obliga a los municipios a solicitar ayudas financieras reintegrables, denominado “acto social” con el fin de poder garantizar y solventar sus propias administraciones».

«De esta manera y con una Ley de Coparticipación provincial perversa, todos los municipios deben estar sometidos a lo que resuelva el gobierno provincial», critico.

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